La Fiscalía de la Audiencia Nacional española presentará en breve un informe al juez Ismael Moreno Chamarro, para oponerse a que admita a trámite la querella criminal colectiva contra el gobernante cubano Fidel Castro y altos funcionarios del Comité Central del Partido Comunista de Cuba por delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que el fiscal Javier Balaguer presentará hoy viernes, o el próximo lunes, su informe, que cuenta con el visto bueno del fiscal general del Estado español, Jesús Cardenal, y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño.

Balaguer considera que los hechos por lo que se quiere encausar a Castro no encajan con los delitos denunciados.

Por su parte, Francisco ``Pepe'' Hernández, presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) aseguró a El Nuevo Herald que la decisión de la Fiscalía era esperada y no cambiará el curso de la demanda.

``Nosotros estábamos esperando esto, porque sabíamos que la Fiscalía se opuso también al caso de (Augusto) Pinochet, y no sólo se opuso, sino que más adelante lo impugnó'', dijo Hernández. ``El procedimiento no es sorpresivo por una parte y no creemos que limite la decisión de la Audiencia Nacional. Esto no afectará de ninguna forma el proceso de la querella''.

Fuentes de la Fiscalía dijeron que para la elaboración del borrador, Balaguer se ha basado en los autos dictados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española en relación con los casos de Argentina y Chile, ya que en ellos se describían los mismos delitos.

Sin embargo, a raíz de lo fundamentado en esos autos, el fiscal considera que las definiciones de los delitos hechas por la sala no encajan en los hechos denunciados.

Los abogados de la firma Iusfinder, que presentaron la demanda en la Audiencia Nacional de Madrid el pasado 5 de noviembre, señalan que los 200 folios de evidencias documentales prueban que los acusados atentaron contra los artículos 2, 4, 5, 7, 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 6, 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado en España en 1977, y contra todos los artículos de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, firmados por España y Cuba.

Esta querella correspondió al juzgado central de instrucción número 2, a cargo del juez Moreno, quien, antes de pronunciarse sobre su admisión, pidió un informe al ministerio fiscal.

Reconocidos analistas españoles como Jaime Campmany han advertido que Moreno ``tiene una especial habilidad de quitarse los mochuelos de encima'', es decir, evitar casos de elevadas responsabilidades. Después de la presentación del informe, el juez Moreno tendrá tres opciones: inhibirse, rechazar el informe o aprobarlo. La ley le permite inhibirse para hacerlo a favor de otro juez de uno de los seis juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional.

En este punto, Hernández dijo que el caso pudiera tomarlo el juez Baltasar Garzón, porque usualmente los jueces se inhiben a favor de otro juez que conozca de un caso similar. ``Es lógico que por precedentes y credibilidad, Garzón tendría que aceptar el caso a trámite'', dijo Hernández.

Si el juez Moreno decide rechazar o aprobar el informe de la Fiscalía, el caso será llevado al pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en quien recaería la decisión final sobre si la querella sigue a trámite o no. La FNCA aseguró que si Moreno aprueba el informe, los abogados de Iusfinder apelarán la decisión.