La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considerará el martes en San Juan, Puerto Rico, una resolución de condena al gobierno cubano por la aprobación de La Ley de la Dignidad y Soberanía Nacional que ``criminaliza el derecho de libertad de informacion'', según Roberto Fabricio, vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.

``La ley es oprobiosa, porque establece como un crimen que un periodista pueda informar libremente hacia el exterior'', declaró Fabricio, subdirector de El Nuevo Herald. ``Ese es uno de los principales hechos que apunta hacia un incremento de la represión contra los periodistas independientes cubanos''.

La legislación, aprobada en diciembre de 1997, dice en su artículo ocho que ``El peso de la ley caerá sobre toda persona que de forma directa o indirecta colabore con medios de información del enemigo''.

Analistas dijeron que la sección enfocaba las sanciones hacia los periodistas independientes de Cuba, que en su mayoría difunden imformaciones a través de Radio Martí, una estación de la Agencia de Información de Estados Unidos (USIA).

La ``Ley Mordaza'', como es llamada por los periodistas independientes, establece condenas entre tres y 10 años para quienes violen sus dispocisiones.

Fabricio calificó de ``histórica'' la reunión semestral de la SIP, porque era la primera vez que contaba con el apoyo de un vicepresidente regional dentro de Cuba.

``Las palabras de Raúl Rivero son históricas y alumbran un factor de esperanza'', dijo.

En febrero, la SIP nombró a Rivero vicepresidente regional residente para la Comisión de Libertad de Prensa. El periodista y poeta es director de la agencia independiente Cuba Press y redactor de la Revista Carta de Cuba, miembro de la SIP.

En una grabación presentada en la reunión semestral, Rivero agradeció su nombramiento y puntualizó estar comprometido ``para que la libertad de expresión regrese a Cuba y exista un futuro para los profesionales de la prensa''.

El informe de la Comisión de Libertad de Prensa para Cuba destaca que, durante el otoño pasado y los primeros meses de 1998, el periodismo cubano continúo férreamente controlado por las autoridades gubernamentales.

El estudio precisa que las autoridades cubanas negaron visados a unos 80 profesionales extranjeros con el pretexto de que `` habían realizado coberturas críticas sobre la gestión gubernamental''.

Señala que en el período fueron expulsado del país tres periodistas, uno está en trámites obligatorios para marcharse y otros dos fueron condenados a prisión.

``Actuando con impunidad manifiesta, el gobierno cubano autorizó campañas de descalificación, represión sicológica, agresión física y actos de repudio contra los miembros de las agencias independientes y sus familiares más cercanos'', indica el documento.

Además, reconoce la autorización oficial a la Iglesia Católica para difundir informaciones sobre la visita del Papa Juan Pablo II y la transmisión en vivo de las misas que ofició en la isla.

Sin embargo, al tiempo que se hacían las transmisiones se reportaron numerosas interrupciones del servicio eléctrico en toda la isla, particularmente en La Habana. Durante las misas papales en Villa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba hubo `apagones' en esas ciudades.

También se observó un recrudecimiento de sanciones contra comunicadores y técnicos de medios electrónicos oficiales ``que no combatieron posturas contrarrevolucionarias'', agrega el informe.