SEBASTIAN ARCOS CAZABON

Mi padre murió el año pasado, tres días antes de la Navidad. El tumor que le roía la pelvis había crecido tanto, que su organismo simplemente dejó de funcionar. Apenas cuatro años antes, ese mismo tumor era sólo un grupito de células que podían haber sido extirpadas mediante una simple operación. Desafortunadamente, mi padre se encontraba en una prisión cubana por el supuesto delito de ``propaganda enemiga'', en una celda rodeado de asesinos y violadores, a 300 kilómetros de su hogar y su familia, y le negaron sistemáticamente la asistencia médica. Cada vez que mi padre pedía ver a un médico, los carceleros decían: ``Mañana''; cada vez que la familia le enviaba medicinas, los carceleros las confiscaban; las pocas veces que pudo ver a un médico, lo atendieron de mala gana, y de manera muy superficial.

Cuando finalmente fue puesto en libertad, un médico amigo descubrió el tumor --que ya tenía el tamaño de una naranja-- y le recomendó que buscara tratamiento fuera de Cuba. Aquí en Miami, los médicos de la Liga Contra el Cáncer confirmaron que ya era demasiado tarde. El tumor había hecho metástasis, y lo único que quedaba por hacer era controlar el dolor... y rezar. Pero una vez más mi padre se negó a rendirse. Seis meses después, entre sesiones de quimioterapia, viajó a Ginebra para acusar al gobierno cubano ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

En marzo de 1997 me fui a Washington a denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Mi padre no pudo acompañarme porque ya estaba demasiado débil para viajar. Además de un voluminoso expediente de pruebas, presenté a la CIDH una cinta de vídeo donde mi padre argumentaba su caso y sus acusaciones contra el gobierno cubano. Dos meses más tarde escribí al secretario ejecutivo de la CIDH indagando sobre el estado de la denuncia. Me contestaron diciendo que el caso estaba ``bajo la consideración de la Comisión''. Dejé pasar otros dos meses antes de volver a escribir al señor Taiana, pero esta vez nadie contestó mi carta. Intenté entonces hablar con el señor Taiana por teléfono, pero nunca estaba disponible.

Mientras tanto, la salud de mi padre empeoraba, hasta el punto de que temíamos que no llegara a ver las conclusiones de la CIDH. En octubre de 1997 escribí directamente al doctor César Gaviria, secretario general de la OEA, pidiéndole su intervención en el asunto. En mi carta le explicaba que no buscábamos compensación monetaria, sino solamente la satisfacción espiritual de ver un crimen condenado por su nombre y, no menos importante, impedir al gobierno cubano seguir usando impunemente la atención médica como un método de tortura contra sus opositores. Nunca recibí respuesta. Amigos dentro de la OEA me confirmaron que la carta había llegado a su destinatario, quien la remitió a la CIDH, donde a su vez fue archivada y olvidada.

Mis fuentes en la OEA aseguran que la CIDH no tiene intenciones de abrir el caso de mi padre porque el gobierno cubano no tendría cómo defenderse. Si esto es cierto, entonces no queda otro remedio que pensar que el doctor Gaviria y la CIDH están encubriendo a Castro. ¿Cómo explicar si no la demora en abrir un caso tan bien documentado? ¿Cómo explicar la evasiva ante mis preguntas? Es sabido que ciertos intereses dentro de la OEA desean que Cuba regrese al seno de la organización a pesar de ser la única dictadura del hemisferio. Es también de dominio público que el doctor Gaviria le debe algunos favores a Castro. De cualquier manera, la desidia de la CIDH no sólo pone en duda la credibilidad del secretario general, sino también la credibilidad de la OEA misma.

Tal y como temíamos, mi padre murió sin conocer las conclusiones de la CIDH. Las mezquinas manipulaciones políticas de un grupo de burócratas lo privaron de la simple satisfacción de ver a sus verdugos descubiertos. Peor aún, al permitir que el crimen continúe impune, la CIDH y el doctor Gaviria están condenando a otros presos políticos cubanos a sufrir el mismo infierno por el que mi padre pasó.

Representante en el exterior de activistas por los derechos humanos en Cuba.