Los familiares de tres de los cuatro tripulantes de la agrupación Hermanos al Rescate que fallecieron cuando sus avionetas fueron derribadas por la fuerza aérea cubana en 1996, denunciaron ayer al gobierno de Bill Clinton por obstaculizar el pago de las indemnizaciones por daños y perjuicios sobre las víctimas.

Los abogados de los familiares exhortaron al gobierno a argumentar la decisión por la cual se anuló la Sección 117 de la Ley de Asignaciones Generales del Gobierno y del Tesoro de 1999, adoptada previamente durante la administración de Bill Clinton. La reglamentación especificaba que las víctimas de terrorismo en un Estado extranjero recibirían indemnización, que se obtendría de fondos bloqueados por el gobierno norteamericano.

``Esta ley hacía justicia con las víctimas del terrorismo'', afirmó Roberto Martínez, uno de los abogados de las víctimas. Explicó que la legislación permitía cobrar una indemnización a toda persona que hubiera obtenido una sentencia en contra de un Estado terrorista, la cual provendría de los bienes de ese Estado terrorista bloqueados por Estados Unidos.

El objetivo de los familiares es ahora lograr acceso a los fondos congelados de los derechos pagados por la empresa telefónica AT&T al gobierno cubano durante 30 años, los que están depositados en cuentas bancarias estadounidenses.

Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca dijo el martes que los familiares no podrán descongelar los fondos.

El funcionario sugirió que, al menos para el gobierno de Clinton, los familiares ya han sido compensados. Señaló al respecto los $1.2 millones en ayuda humanitaria autorizados por el Presidente en 1996.

``Simpatizamos profundamente con los familiares de las víctimas...'', dijo el funcionario, quien prefirió no identificarse de nombre. ``El gobierno de Estados Unidos dio pasos firmes contra Cuba y procuró la condena internacional del hecho''.

En diciembre, meses después del derribo de las dos avionetas en aguas internacionales, el juez federal James Lawrence King ordenó el pago por concepto de daños a los familiares de Armando Alejandre, Carlos Alberto Costa y Mario de la Peña, víctimas del atentado.

Los familiares de los tripulantes fallecidos mostraron su indignación ante la actitud oficial, poniendo en entredicho la política antiterrorista de los Estados Unidos.

``Estamos dolidos y no entendemos por qué el gobierno no está con nosotros. ¿Están los Estados Unidos en contra del terrorismo? Sabemos quienes asesinaron a Carlos, Armando, Mario y Pablo. Entonces, ¿por qué el Presidente bloquea las acciones civiles y criminales contra los asesinos?, ¿qué intereses protegen?'', señaló Ana Alejandre, hermana de Armando Alejandre.

Por su parte, la congresista Ileana Ros-Lehtinen pidió ayer al subsecretario de Estado para Asuntos Económicos y a otros asesores en seguridad nacional, una explicación sobre la anulación de la sección 117.

Ros-Lehtinen condenó el hecho por considerar que ``envía un mensaje de debilidad a los regímenes que promueven el terrorismo'', a la vez que anunció su intención de presionar al Gobierno para que argumente su decisión.

``No nos ha tomado por sorpresa esta actitud del Presidente, ya que es parte de la estrategia de la Administración por eliminar todo aquello que suponga enfrentarse con Fidel Castro'', dijo la congresista desde Washington.