Cuba ocultaría dinero de ETA

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Meses después de que la policía española denunciara que terroristas de ETA se escondían en Cuba, los agentes españoles acaban de descubrir que la organización terrorista podría estar utilizando la isla para esconder parte de su dinero.

Una empresa española que tiene relaciones comerciales con Cuba destapó lo que parece ser un entramado para encubrir las finanzas de la organización terrorista en varios países de América Latina.

La compañía Gadusmar S.L, ubicada en Bermeo (Vizcaya, País vasco), nombró en 1996 apoderados en Cuba a dos etarras que residían entonces en el barrio de Miramar, según descubrió la policía española. Los etarras son Karlos Ibarguren y Agustín Azkarate.

Gadusmar no está registrada en Cuba ni aparece en el directorio empresarial que edita la compañía telefónica.

Alejandro González, portavoz del ministerio cubano de Relaciones Exteriores, afirmó que ``se cumplen estrictamente'' las condiciones pactadas entre España y Cuba sobre los etarras que residen allí.

En Cuba reside una decena de miembros de ETA en virtud de un acuerdo entre los gobiernos de La Habana y Madrid. Este convenio de 1983 permite a los etarras, todos expulsados de Francia, residir en la isla a condición de que si salen del país no pueden regresar, han señalado repetidamente fuentes oficiales cubanas.

La empresa Gadusmar es la única que la policía española ha podido ligar directamente con miembros de ETA. Está dedicada a la importación y exportación de bacalao y otros derivados a Cuba y otros países latinoamericanos, y fue el detonante de una operación policial desarrollada el jueves en España en la que fueron detenidas 10 personas.

La policía ha descubierto hasta ahora unas 170 empresas que supuestamente sirven para canalizar parte del dinero de la organización terrorista. Estas compañías están radicadas en Cuba, España, Francia, Colombia, Venezuela, Panamá y Cabo Verde, lugares donde se cree que se ocultan etarras.

Fuentes policiales calculan que estas empresas mueven alrededor de 2,000 millones de pesetas (algo más de $13 millones) al año. El dinero serviría, según las investigaciones, para pagar a los etarras refugiados en esos países y para abonar la asistencia legal de los etarras que están encarcelados.

Parte de este dinero podría provenir de los rescates de los secuestros que perpetran los terroristas, o del llamado ``impuesto revolucionario'', cantidades que pagan algunos empresarios bajo amenazas de secuestro o de muerte.

Entre los documentos intervenidos por la policía figuran relaciones de movimientos de las cuentas bancarias utilizadas para pagar a los refugiados en varios países latinoamericanos, entre los que figura Cuba como un lugar preferente.