Entiendo los móviles de mis colegas, entiendo sus frustraciones, su cólera cegadora, su afán por acabar de una vez con la violencia criminal perpetrada en Estados Unidos por personas armadas con pistolas, rifles, escopetas y ametralladoras.

Con todo, las juntas editoriales que defienden la criminalización de las armas de fuego (que no estén debidamente asignadas a soldados y policías) recurren a una terapia totalitaria, la cual nos priva de libertades en aras de lograr una seguridad que, según los editorialistas, sólo nos garantiza el estado.

Desde ahora advierto que me convertiré en un transgresor de la ley si mis colegas consiguen lo que se proponen. La criminalización de las armas cometería una injusticia conmigo y con millones de personas. Nos presenta como chivos expiatorios en un desesperado ritual de purificación concebido con el fin de eliminar la violencia nacional.

No tengo porqué ocultarlo, al contrario: soy dueño de armas de fuego y de armas blancas. De vez en cuando, practico el tiro deportivo. Tengo rifles desde los 12 años. Hace 30, en Estados Unidos era muy fácil comprar un fusil o una pistola. Aunque varios amigos disponían de pequeños arsenales, las broncas se resolvían a golpes, no a balazos. Eso sí, al igual que el caricaturista José Varela, confieso que en la secundaria soñaba con caerle a tiros a Fidel Castro y a su mafia.

Por contraste con casi todos los editorialistas que conozco, mantengo relaciones cordiales con muchos propietarios de armas de fuego. Los que acuden regularmente a los polígonos de tiro son gente pacífica, que observan normas de seguridad con un celo obsesivo.

Sin embargo, no comparto su lectura de la Segunda Enmienda de la constitución de Estados Unidos. En efecto, no creo que ``la Segunda'' nos otorga el derecho de poseer armas. Semejante interpretación ignora el contexto histórico de los inicios de la república estadounidense. Pero la Novena Enmienda de esa misma ley orgánica sí nos concede el derecho a poseer armas: ``La enumeración en la constitución de ciertos derechos no se interpretará como un menoscabo o un menosprecio de otros derechos que el pueblo retiene''.

Entre ellos, descuella el derecho a la soberanía personal, la cual incluye la libertad de elegir mis placeres de cuerpo y alma. Uno de ellos es la posesión de armas de fuego. En última instancia, para obviar mi soberanía personal, el estado debe demostrar que mi conducta lesiona a los demás. Por sí solo, el hecho de poseer armas de fuego o automóviles o fármacos no constituye una amenaza para el prójimo. Puede convertirse en peligro cuando estos objetos se emplean de una forma irresponsable.

Sucede que la libertad de tener una Beretta de 9MM o de un camión Ford no puede estar desligada de la responsabilidad. Así, al hacerme responsable de mi coche y de mis pistolas, asumo la obligación de evitar que se usen para hacerles daño a los demás.

De ahí que acepte la necesidad de condicionar mis libertades. Por eso, a diferencia de los ortodoxos de la National Rifle Association, soy partidario de varias restricciones sobre la importación y compraventa de todas las armas de fuego y municiones. (Es innegable que en los Estados Unidos sociópatas se hace bochornosamente fácil obtener legalmente rifles o pistolas); de exigirles cursos de seguridad a quienes aspiran a comprar armas y el uso obligatorio de candados de gatillo.

Sin embargo, la total criminalización de las armas de fuego negaría mi capacidad para actuar con responsabilidad al tiempo que niega la realidad de una sociedad donde las armas en manos privadas(las lícitas e ilícitas) sólo desaparecerían por medio de la imposición de políticas represivas dignas de un estado policial.

En rigor, si las armas de fuego fuesen declaradas ilegales en Estados Unidos, en el acto se crearían dos monopolios de violencia, el de la policía y el de los delincuentes armados. A esos efectos, me niego a cederle una parte esencial de mi soberanía personal a los cacos y a los agentes del estado. Sostengo que soy partícipe de una libertad substancial cuando tengo la capacidad para defender la inviolabilidad de mi persona y de mi domicilio. Dicha inviolabilidad no depende de una constitución, como observa Ernst Junger, ``se basa en el padre de familia empuñando un arma'' y que se muestra dispuesto a defender su vida y la de sus afectos.