Cuatro años después que embarcaciones cubanas hundieron intencionalmente el remolcador 13 de Marzo frente a las costas de La Habana, el gobierno de Cuba continúa cubriendo con un manto de silencio a los responsables de ese dramático hecho en que perdieron la vida 41 personas, que intentaban escapar de la isla.

``De manera particular, queremos denunciar que las autoridades correspondientes no han iniciado el proceso judicial en los tribunales competentes'', dijo Ricardo Bofill, presidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos (CCPDH). ``Esta es una evidencia clara de la maniobra para sepultar este caso en la impunidad''.

El CCPDH y el Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna, que integra en Miami Ruth C. Montaner, han elaborado un informe conjunto que recoge los nombres, edades, direcciones, así como fotos de las víctimas y los sobrevivientes que viajaban en el remolcador.

La recolección de la información y fotos la realizó en Cuba el disidente Vladimiro Roca, encarcelado sin juicio desde hace un año, y fue enviada hace algún tiempo desde La Habana. En el trabajo también participaron otros activistas y grupos de derechos humanos.

La información sobre las circunstancias en que se produjo el hundimiento del remolcador está basada en una investigación que hizo un oficial de la Empresa de Servicios Marítimos, copia de la cual fue obtenida por grupos de derechos humanos y sacada clandestinamente del país.

Tanto el CCPDH como el Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna se proponen denunciar la impunidad de este hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional.

En la madrugada del miércoles 13 de julio de 1994, el capitán del remolcador sustrajo subrepticiamente la nave atracada en uno de los muelles del puerto de La Habana. Subieron a bordo 72 personas con la intención de abandonar ilegalmente el país. De éstas, 23 eran niños que viajaban con sus familiares adultos: 19 hombres y 30 mujeres. Casi todos eran jóvenes y vecinos de los poblados habaneros de Guanabacoa y El Cotorro.

A siete millas de la costa, el remolcador fue embestido por otros tres remolcadores de la Empresa Estatal de Servicios Marítimos en lo que resultó una trágica cacería. El remolcador Polargo 2 estaba bajo el mando de un oficial del Ministerio del Interior (MININT) nombrado David; el Polargo 3 era capitaneado por un oficial nombrado Arístides; y el Polargo 5 por Jesús Martínez, un oficial cuyo barco había sido desviado a la fuerza con anterioridad hacia la Florida.

Según la versión oficial que el MININT publicó entonces en el periódico Granma, esas tres embarcaciones intentaron interceptar al remolcador, ``y en las maniobras que ejecutaron para cumplir con ese objetivo se produjo el lamentable accidente que hizo naufragar el barco''.

La versión oficial, sin embargo, chocó con el testimonio de varios sobrevivientes, entre ellos María Victoria García Suárez, quien denunció abiertamente el crimen desde La Habana.

En su testimonio ante cámaras de la televisión extranjera, García Suárez explicó que, poco después de salir de La Habana, el remolcador fue perseguido por las otras embarcaciones, que se acercaron y le lanzaron chorros de agua a presión.

``A base de chorros de agua destruyeron la popa; las mujeres y los niños se fueron hacia el cuarto de máquinas y ahí empezaron a embestir nuestra embarcación'', dijo García. ``Enseñamos a los niños, gritamos diciendo que nos rendíamos y que queríamos regresar y después la embarcación se viró'' luego de otra embestida, agregó.

De los 31 sobrevivientes, el gobierno mantuvo arrestado a cuatro de ellos por algunas semanas y más tarde los dejó en libertad. Ninguno de los cadáveres rescatados fue entregado a sus familiares y se desconoce dónde han sido sepultados. Los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores prometieron una amplia investigación para depurar responsabilidades. Sin embargo, los resultados de esa investigación oficial nunca se han conocido.

El informe que será presentado ahora ante los organismos internacionales, según las indagatorias de los grupos de derechos humanos en la isla, asegura que se ha llegado a la conclusión de que ``las autoridades cubanas obtuvieron información de antemano sobre el plan para llevar a Estados Unidos el remolcador'' y no actuaron para impedir esa acción.

Por el contrario, indica el informe, la Seguridad del Estado de Cuba fraguó un plan para hundir al remolcador cuando saliera de la bahía de La Habana, en aguas profundas, lejos de la costa, a modo de escarmiento.

``Hoy está confirmado que, posterior a ese naufragio, se provocaron más muertes cuando los barcos represivos, lejos de rescatar a los sobrevivientes que flotaban en aquellas aguas, navegaron en círculos'' alrededor de ellos provocando más víctimas.

El hundimiento del remolcador 13 de Marzo provocó una ola de indignación en el mundo entero. Desde el Papa Juan Pablo II hasta el presidente norteamericano Bill Clinton condenaron la acción y la impunidad con que actuaron los responsables.

``Es una tragedia humana. Lo deploro como un ejemplo de la brutal naturaleza del régimen de Cuba'', dijo Clinton en Miami refiriéndose al hundimiento.

Desde Madrid se expresó entonces que ``dada la extrema gravedad de las circunstancias que rodean este suceso, el gobierno español espera que, tal y como ha anunciado el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Roberto Robaina, se efectúe a la mayor brevedad posible una exhaustiva investigación de lo sucedido y se exijan las correspondientes responsabilidades''.

Por su parte, el Arzobispo de La Habana, Jaime Ortega, declaró que ``los acontecimientos violentos y trágicos que produjeron el naufragio de un barco, donde perdieron la vida tantos hermanos nuestros, son, según los relatos de los sobrevivientes, de una crudeza que apenas puede imaginarse. El hundimiento de la embarcación, que llevaba también mujeres y niños, y las dificultades del rescate de los sobrevivientes no parecen ser de ningún modo fortuitos, y esto añade al dolor un sentimiento de estupor y un reclamo del esclarecimiento de los hechos y de depuración de responsabilidades''.

``Que los hechos se aclaren, que se establezca la verdad con la justicia; pero que el odio resulte perdedor... Amor y justicia no se oponen, pero el odio y la injusticia pueden ir de la mano'', afirmó Ortega.

Ese reclamo de gobiernos y personalidades políticas y religiosas ha quedado sin respuesta. Como señala el informe de los grupos de derechos humanos de Cuba, a pesar de todos esos pedidos ``el régimen de Castro ha proseguido en sus esfuerzos por ocultar los detalles de esta catástrofe intencional y ha impedido la realización del juicio que sobre esta tragedia debería haberse llevado a cabo''.